UGT de Cádiz ha sido condenada por el despido improcedente de dos empleados. El juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz ha sido el órgano que ha dictado una sentencia, cuanto menos escandalosa, porque condena a un agente social por una práctica que suele ser motivo de muchas de sus denuncias. Los afectados son dos trabajadores que llevaban años a sueldo de la organización sindical y fueron despedidos en noviembre del año pasado bajo la fórmula del cese laboral por motivos disciplinarios. El sindicato argumentó una serie de errores y fallos en las obligaciones y responsabilidades que tenían asignadas los trabajadores para rescindir sus contratos. Al articular este mecanismo, los trabajadores se vieron en la calle y sin ningún tipo de compensación. Pues el despido ha sido improcedente.
Las apariencias
Estos dos trabajadores estaban situados en su asesoría jurídica aunque cuando se produjo su salida estaban ya destinados en la Fundación Sociolaboral de Andalucía, una entidad sin ánimo de lucro íntimamente ligada al sindicato hasta el punto que en la sentencia, dice La Voz Digital de Cádiz, se la reconoce como parte de un conjunto de empresas que están en la órbita de UGT; un 'holding' que tiene una misma matriz.
Según la sentencia dictada por el juzgado de lo Social, UGT despidió de forma improcedente a los demandantes, ya que las causas que habían esgrimido como errores administrativos o desajustes contables en la oficina donde estaban destinados no son imputables a los ex empleados. Una de las bazas que explotó su representación letrada fue el volumen ingente de trabajo que tenían, sobre todo desde que comenzaran los rosarios de despidos y cierres de empresas.
La UGT ha recurrido el fallo judicial. De no estimarse los recursos, el sindicato deberá pagar unos 145.000 euros en concepto de indemnización y por salarios de tramitación (los días que han transcurrido desde que se produjo el despido hasta la resolución judicial). La otra opción que le quedaría a UGT es la readmisión de sus trabajadores.
Lo que realmente pasa en la UGT de Cádiz
Estos despidos no son otro cosa que represalias internas por la lucha por el poder existente tras el último congreso y da una idea de cómo se las gastan en cuanto encuentran un pequeño atisbo de oposición interna. Los mismos que salen a la calle envueltos en banderas por los derechos laborales no tienen inconveniente alguno en usar las armas legales a su alcance, incluido los despidos, para eliminar a sus adversarios internos.
Como ya contamos hace algunos días, la UGT de Cádiz se ha dividido en dos frentes que tienen al Juzgado como horizonte de referencia. En el pasado congreso del mes de septiembre, dos candidaturas se opusieron para conseguir el control de la organización, pero las heridas, lejos de cerrarse, se han extendido y agravado con denuncias que acaban habitualmente en los Juzgados. Manuel Pastrana, el secretario general de la UGT Andalucía, ha tenido que intervenir para que las aguas vuelvan a su cauce, pero no lo ha conseguido. Se han hecho acusaciones de gastos indebidos en comidas, teléfonos y demás contra el candidato reelegido en el congreso reciente, Pedro Custodio. Luego hubo estos dos despidos, que casi acaban en agresiones.
Manuel Pastrana, como responsable autonómico de la central, reunió hace dos semanas a las partes enfrentadas en un consejo en Algeciras para devolver la sensatez a la convivencia. Pero no hay seguridad de que no se vuelva a las andadas.
Un congreso extraordinariamente conflictivo
En el último congreso de la UGT de Cádiz, la victoria de uno de los bandos fue por un estrecho margen de votos y apoyos. El origen de esa situación se remonta, justamente, a la última cita congresual, la del final de verano de 2009. Pedro Custodio siguió mandando en la UGT gaditana ganando la votación, pero por el diminuto margen del 52% de los votos favorables entre los 150 delegados. Su oponente, Antonio Pavón, se quedó a un 2% de defenestrarlo. La casi igualdad de apoyos de uno y otro frente desató la guerra interna.
Pavón, en origen un hombre del entorno de Custodio (los amigos de hoy serán los enemigos de mañana) decidió fiscalizar la conducta del secretario general elegido en un abierto ejercicio de la oposición interna. Poco después, algunos miembros de la lista derrotada presentaron en diciembre de 2009 una demanda a la Comisión de Garantías. En ella se acusaba a Pedro Custodio y a varios miembros de su Ejecutiva de gastos excesivos o indebidos que pasaban al cargo de la organización. Esos supuestos dispendios estarían relacionados con facturas de telefonía móvil y comidas o cenas. El órgano de Garantías, un tribunal interno en la UGT regional, investigó el asunto y lo desechó, dos veces.
En enero de 2010, el Comité de Control exculpó a Custodio y a sus colaboradores considerando que no existían gastos irregulares. Pero quedaba pendiente una última resolución de los estamentos estatales (Comisión de Garantías) de la organización, que deben confirmar o matizar este veredicto.
El caso no prosperó pero sí emponzoñó la situación. Aunque ese caso quedó en nada, desató un intercambio de denuncias que ha agravado la situación. Por si fuera poco, se produjo el despido de varios trabajadores de una fundación ligada al sindicato, despido que desató otra batalla. Testigos presenciales afirmaron que un encuentro posterior derivó en un enfrentamiento verbal preconcebido y rayano en la violencia. Tuvo, entre sus presuntos protagonistas, a varios miembros de la candidatura perdedora en el congreso de septiembre. La virulencia de ese incidente fue tal que la dirección regional de UGT, uno de cuyos miembros estaba en el encuentro, decidió abrirles un expediente que aún está pendiente de resolución.
La cosa ha llegado ya a la Justicia ordinaria. Tanto la reunión que casi acaba en agresiones, como la desaparición de documentos de sedes sindicales y el envío de correos electrónicos o mensajes de telefonía con un contenido presuntamente punible han sido elevados a los tribunales, que aún no han resuelto. Pero la guerra abierta ya está admitida si bien se considera controlada y a punto de terminar.
Ahora, esta sentencia condenatoria por despido improcedente vuelve a hurgar en las heridas y pone en solfa la pretendida búsqueda de la justicia de la UGT que no duda en despedir sin miramientos a quien se le opone internamente.
